25 Enero 2017
  • En los últimos días de diciembre, y justamente poco antes de publicarse el “gasolinazo”, se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias. 
  • Nos preocupa que se haya intentado ocultar este tema en el contexto del “gasolinazo” y que haya quienes pretendan minimizarlo y no darle la justa importancia que se merece. 
  • Es cierto que los Lineamientos contienen importantes avances en materia de derechos de las audiencias como la regulación en materia de publicidad, como los derechos de las personas con discapacidad y niños, como la reglamentación de los Defensores de Audiencia y sus Códigos de Ética.
  • Pero estos Lineamientos también implican un claro riesgo para nuestra democracia, al esconder herramientas de control y regulación que desde nuestra perspectiva, representa un atentado contra la libertad de expresión. 
  • El artículo 5 fracción XI establece que se deberá diferenciar “con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presente”. 

¿Qué nos preocupa?

  • En concreto, nos preocupan las disposiciones en torno a la distinción que deberán manifestar los comunicadores entre veracidad y opinión, pudiendo guiar a casos de autocensura de los propios comunicadores y periodistas, así como a casos de persecución y cooptación por parte del a autoridad. 
  • Estamos conscientes que se debe combatir la desinformación y que los ciudadanos tienen derecho a obtener información veraz, pero la pregunta es si una camisa de fuerza impuesta a los comunicadores con este tipo de lineamientos nos permitirá lograrlo, o por el contrario generará abuso de poder e intentonas autoritarias. 
  • Lo que puede pasar es que entre una condición y otra de las que se imponen a los medios de comunicación en esta norma, se preste para presionar y complicar la labor de los periodistas.
    • Por ejemplo, la norma exigirá que entre la información y la opinión del periodista exista un espacio, un comentario o una cortinilla. Luego de eso el conductor podrá emitir una opinión; si alguien -cualquier persona- de la audiencia considera que dicha opinión no está sustentada, podría denunciar al periodista y al medio de comunicación, y ese alguien podría ser cualquier político, funcionario o personaje al que le haya incomodado la información. Las sanciones a que estarían sujetos los medios por una situación de este tipo podrían convertirse en un mecanismo de presión contra un periodista que simplemente está cumpliendo con su función.
    • La pregunta es ¿qué significa que una opinión esté fundada, quién y cómo lo determina?
    • La labor de los periodistas y los derechos de la audiencia no dependen de cortinillas y avisos, dependen de un compromiso ético de los periodistas y educación de las audiencias, este último aspecto no aparece en ningún lugar de la norma. 
  • Es necesario que seamos muy cuidadosos a la hora de regular los derechos de las audiencias. No se puede perder de vista que la censura y la autocensura vulneran el derecho a la información de todos los mexicanos, y por ello hay que entender que la primera defensa de las audiencias consiste en defender el derecho a la información, y lo que hay que privilegiar es la libertad de expresión, no acotarla. 
  • Afirmamos esto porque no podemos olvidar la tentación permanente que ha caracterizado a los gobiernos del PRI de callar a sus críticos e imponer mordazas; no podemos perder de vista la frágil situación en la que se encuentra nuestra democracia, amenazada por la corrupción, las redes de complicidad, la falta de rendición de cuentas y la cerrazón de las autoridades.  
  • Estamos convencidos que hoy debemos denunciar públicamente los excesos de esta norma, que al servicio de gobiernos como los del PRI, podrían llevar a la censura, a la persecución y a la cooptación de la crítica, de la oposición y de la prensa libre. 
  • Preguntémonos si este tipo de lineamientos, que imponen limitaciones explícitas a los comunicadores,servirán para tener más investigaciones y denuncias como por ejemplo las de la Casa Blanca, o por el contrario podrán llevar a la autocensura o a la persecución legal del comunicador. 
  • Los mexicanos tienen frente a ellos coyunturas de gran trascendencia, como el gasolinazo y la debilidad de las finanzas públicas, como investigaciones por casos de corrupción en entidades federativas, como el proceso electoral de 2018. Hay que ser claros: el exceso de estas normas y su mal uso, podrían llevar a que se silencie la crítica, a que se limite la discusión de estos y otros temas en beneficio de los intereses del PRI y sus aliados.  

¿Qué buscamos? 

  • Nuestro objetivo es hacer un llamado al debate y a la revisión de estos temas. 
  • El equilibrio entre los derechos de las audiencias y la libertad de expresión es muy delicado, y por ello debe discutirse con profundidad y con responsabilidad; se deben escuchar todas las voces públicamente, justamente para evitar que las autoridades caigan en una tentación autoritaria como en el pasado.  
  • Este no es un tema meramente técnico de radiodifusión que pueda quedar definido por tecnicismos y lineamientos, es un tema sobre la esencia de dos derechos que están en conflicto y sobre el papel del Estado en la regulación de los mismos. Por ello, no puede dejarse la cancha abierta a intentonas de censura o de silenciar a la crítica.   
  • En primer lugar, pediremos a los Diputados de Movimiento Ciudadano en San Lázaro que promuevan un amplio debate sobre este tema en la arena pública nacional, y en segundo lugar, hacemos un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que reabra la discusión sobre esta importante arista de los Lineamientos en materia audiencias y corrija los excesos que cometieron con esta norma.
  • Desde la capital de Jalisco, desde la segunda ciudad más grande de México, exigimos que se respete la libertad de expresión sin regateos como derecho constitucional. 
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