Enfrentando la corrupción: ¿puede Guadalajara convertirse en un modelo de transparencia?

28 / Julio / 2016
Enfrentando la corrupción: ¿puede Guadalajara convertirse en un modelo de transparencia?
Medio:
The Guardian
Autor: 
Duncan Tucker

Cuando María Guadalupe Aguilar reportó la desaparición de su hijo de 34 años, José Luis Araña, a las afueras de Guadalajara, se sorprendió cuando la policía le pidió que financiara la investigación.

“Me dijeron que necesitaban dinero para buscarlo, para costear los gastos de gasolina y pagar reportes de inteligencia”, nos dijo. “Estúpidamente, les creí todo en un principio”.

Aguilar, una enfermera jubilada, eventualmente pagó casi 70 mil pesos a diferentes miembros de la policía con la esperanza de que la ayudaran a localizar a su hijo. No se tuvo progreso alguno y ella tuvo que vender su casa para seguir financiando su propia investigación.

“Este tipo de corrupción se ha vuelto muy normal”, reflexiona Aguilar, a cinco años de la desaparición de su hijo. “Desafortunadamente ya no tengo casa, ni dinero y lo más importante, sigo sin tener a mi hijo de regreso”.

Pero al haber crecido acostumbrados a pagar el precio de la corrupción, los habitantes de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, han comenzado a ir en contra de la generalización de esta costumbre, con nuevos perfiles en política local, sociedad civil e incluso algunas empresas tecnológicas locales, quienes impulsan ideas frescas para lograr una ciudad administrada de manera más transparente.

Es difícil sobreestimar el impacto de la corrupción en México. Afecta casi todos los aspectos del gobierno y del desarrollo, desde la policía y los nombramientos políticos, hasta la gestión pública y los proyectos de construcción de la iniciativa privada. Expertos en economía global estiman que la corrupción le cuesta al país entre el dos y el diez por ciento del PIB, mientras que Transparencia Internacional ubica a México en un muy bajo lugar 95 entre los países menos corruptos del 2015, junto a Filipinas y Mali.

Las tasas de impunidad en México fomentan la corrupción, con cerca del 99% de los delitos impunes, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de las Américas en Puebla, en el año 2016. Esto ha generado una gran desconfianza de quienes ostentan el poder, lo que se muestra en una encuesta realizada en 2015 por Consulta Mitofsky, que identifica a los partidos políticos como las instituciones en las que menos confían los ciudadanos, seguidas de cerca por el Congreso, la Policía, el Senado, Sindicatos y la Presidencia de la República.

Aún así, en Guadalajara, capital del estado de Jalisco y una ciudad tradicionalmente conservadora, los votantes apoyaron el cambio político que esperan genere un cambio verdadero. En las elecciones locales del año pasado, Movimiento Ciudadano, un nuevo partido político con una agenda anticorrupción, ganó en la mayor parte del Área Metropolitana, terminando con la hegemonía de 86 años que los dos partidos políticos más grandes habían mantenido sobre esta ciudad de 4.5 millones de habitantes.

Guadalajara es mejor conocida como el hogar del tequila y el mariachi, pero su alcalde, Enrique Alfaro, espera que pronto también lo sea como una ciudad que marca la pauta en transparencia gubernamental. Desde que fue electo el año pasado, este Ingeniero de 43 años de edad, ha recortado beneficios y salarios de servidores públicos para financiar programas sociales, permitiendo a los ciudadanos votar sobre el uso de algunos impuestos, y dio al electorado la opción de la revocación de mandato a media gestión, si se encuentran poco satisfechos con su desempeño.

“Tener más ciudadanos empoderados y activos es un elemento vital para tener una agenda anticorrupción”, dice Alfaro, de figura robusta, vestido con una chamarra de cuero y camisa de cuello abierto, en una entrevista en el Palacio Municipal de Guadalajara. "Esperamos que podamos poner el ejemplo para el resto del país".

Ilustrando cómo la corrupción es un lugar común, Alfaro revela que él acaba de revocar la concesión de una empresa contratada para administrar los parquímetros de Guadalajara por supuestamente engañar a la ciudad por un total de casi 100 millones de pesos en ingresos no reportados. “Cualquier empresario o funcionario público que haya actuado de manera inapropiada se enfrentará con todo el peso de la ley”, afirma.

Sin embargo, no todos están convencidos de Alfaro. El analista político local, Enrique Toussaint, dice que sus políticas no siempre aguantan una inspección minuciosa. Mientras que dejar que los ciudadanos decidan en qué se gastan sus impuestos suena progresivo, Toussaint señala que sólo los propietarios de viviendas que pagan impuestos predial pudieron participar en el ejercicio. "Es una enorme regresión a una época en la que los derechos políticos de las personas dependían de su situación económica," dice. "Es totalmente regresivo y antidemocrático".

“Los problemas de corrupción en Guadalajara han empeorado, ya que la ciudad se ha extendido hacia arriba y hacia los lados”, según Toussaint. “El horizonte de la ciudad se ha transformado en los últimos años, con la construcción de docenas de edificios de departamentos y edificios de oficinas convirtiéndose en el símbolo más visible de la corrupción. Estos proyectos a menudo violan las regulaciones”, sugiere, “mientras que los desarrolladores influyentes con frecuencia financian campañas políticas a cambio de permisos o concesiones lucrativas”.

Alfaro dice que su gobierno ha identificado 170 proyectos inmobiliarios que infringen la ley, de los cuales la mayoría se comenzaron a construir en administraciones anteriores. “Es demasiado tarde y sería demasiado caro demolerlos”, dice, pero los desarrolladores culpables de infracciones se enfrentarán a multas de hasta 100 millones de pesos "para compensar el daño que han causado a la ciudad".

En Guadalajara existen muchos desarrollos exclusivos que se encuentran entre las decenas de empresas que el gobierno de Estados Unidos ha puesto en la lista negra por lavado de dinero a nombre de narcotraficantes muy conocidos. Este es un problema que se remonta a la década de los 80, cuando las familias de muchos capos prominentes se establecieron en la ciudad. Hoy en día, Guadalajara es un bastión del cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo cada vez más poderoso, que ha sido culpado del aumento de secuestros y extorsiones, además de los asesinatos del Secretario de Turismo del Estado, un Diputado Federal, y decenas de policías.

Uno de los mayores desafíos para la seguridad pública, reconoce Alfaro, es la policía infiltrada por el crimen organizado, como resultado de pactos entre los políticos y los cárteles. Su administración ha despedido a 15 oficiales, pero admite que no hay una "fórmula mágica" para la limpieza de la corrupción en la corporación.

"El primer paso para la limpieza de la policía es que el Gobierno no haga pactos con criminales", añade. "Decidimos que bajo ninguna circunstancia nos comunicaremos con cualquier grupo criminal".

Alfaro dice que ha recibido numerosas amenazas de muerte, pero insiste que esta postura es más segura que forjar alianzas que lo dejarían en deuda con ciertos grupos criminales y lo harían un blanco para los cárteles rivales.

Los esfuerzos de Alfaro contra la corrupción han sido complementados por grupos de la sociedad civil que han asumido un papel cada vez más influyente en Guadalajara. El 14 de julio Jalisco se convirtió en el segundo estado en México en quitar el fuero a funcionarios públicos. El principal promotor de esta medida para despojar a los funcionarios públicos de su inmunidad judicial fue el nativo de Guadalajara de 26 años de edad, Pedro Kumamoto, que el año pasado se convirtió en el primer candidato independiente en ser elegido al Congreso del Estado de Jalisco.

Kumamoto representa a Wikipolítica, un movimiento local dedicado a impulsar la transparencia y la participación ciudadana en la vida pública. Ha utilizado su histórica designación para presionar a otros legisladores a escuchar las demandas de los ciudadanos, con un éxito más notable en mayo pasado, cuando ayudó a aprobar una ley que extiende los derechos de los ciudadanos para la revocación de mandato, además de votar sobre cómo se gastan sus impuestos en todo el estado.

"Tenemos una sociedad civil muy organizada y los movimientos sociales han empujado estas agendas desde hace muchos años. Creo que sólo estamos comenzando a ver los frutos de 10 o 15 años de trabajo de diferentes organizaciones ", dice Kumamoto.

Sobre los recientes avances logrados en Guadalajara, que ahora se consolidan y se replican a nivel estatal, Kumamoto cree que eventualmente podrían darse en todo México. "Esta iniciativa va a lograr mucho, mucho más, nos sitúa a la vanguardia en términos de transparencia, participación ciudadana y la lucha contra la corrupción."

También el sector privado está haciendo su parte. El año pasado, empresarios locales lanzaron Avisora, una aplicación móvil que permite a los usuarios reportar problemas en sus comunidades, desde baches o luminarias fundidas, a actos de delincuencia o de corrupción de bajo nivel. Diego Méndez, fundador y CEO de la empresa, dice que ofreció a los gobiernos municipales, estatales y federales el uso gratuito de la plataforma, pero todos ellos se negaron, debido a su insistencia en hacer cada informe público y su negativa a dejar que los gobiernos ocultaran informes potencialmente vergonzosos.

"Me encantaría decir que confío en los gobiernos de mi país, pero por desgracia no tenemos gobernantes dignos de confianza", dice Méndez, citando los informes que recibe Avisora ​​de la policía y los agentes de tráfico exigiendo mordidas. "Es muy importante hacer un seguimiento de estos informes y no dejar que el control del gobierno, borre o censure los reportes de alguna manera”

Guadalajara se ha conocido como el “Sillicon Valley de México". Sin embargo, cuando el gobierno de Alfaro lanzó Ciudapp, una aplicación notablemente similar a la de la empresa jalisciense, que permite al gobierno recabar un diagnóstico en tiempo real de los problemas en los diferentes barrios, fue criticado por el pago de una plataforma desarrollada en España en lugar de utilizar Avisora ​​y apoyar la industria local.

Alfaro niega cualquier intención de enterrar los informes inconvenientes e insiste en que simplemente quería una aplicación con un alcance más amplio, lo que significa que fue más rápido y más barato comprar el producto español terminado que contratar a Avisora ​​para desarrollar nuevas opciones. Desde entonces, las dos partes han acordado integrar ambas aplicaciones así que el gobierno recibirá también informes de los usuarios de Avisora.

Mientras que Méndez sigue estando decepcionado por algunas decisiones de Alfaro, afirma que - al igual que muchos otros en Guadalajara - se siente alentado de que todos los que están en el poder por lo menos hacen un esfuerzo por cambiar la cultura de la corrupción de México. "No hay antecedentes de esto", dice, "creo que están aprendiendo". 

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