Tema: Cultura
29 de Mayo 2018
Propuesta:

1.- Más cultura, menos burocracia

Se necesita una visión de desarrollo cultural actualizado, amplio e incluyente, con una visión fundamentalmente más humana y social y haga de la cultura parte de nuestra vida cotidiana.

Propuesta a detalle

Los derechos no son un discurso vacío. En México el derecho a la cultura, establecido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es inherente a la dignidad de la persona humana y en virtud de su naturaleza de derecho fundamental, debe interpretarse armónicamente con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad a que se refiere, a su vez, el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución General de la República Mexicana: “debiéndose garantizar tanto su acceso, como a su participación sin discriminación alguna y respetándose en su máxima expresión, tanto en lo individual como en lo colectivo”.

Sólo así se puede asegurar que la interpretación armónica y sistemática de nuestra Constitución, en relación con diversos preceptos sobre los derechos humanos a la cultura de carácter internacional y nacional, adoptados por el Estado Mexicano, se cumplan en Jalisco. Ya que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura en los siguientes términos:

  • Tiene derecho al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia.

  • Tiene derecho al ejercicio de sus derechos culturales.

Para nosotros es claro que el derecho a la cultura se incluye dentro del marco de los derechos humanos fundamentales; de ahí que el Estado de Jalisco va a garantizar y promover la libre emisión, recepción y circulación de la cultura, tanto:

  • En su aspecto individual, como elemento esencial de las personas.

  • Asimismo en lo colectivo, en lo social, dentro del cual está la difusión de múltiples símbolos y valores, entre ellos, los históricos, las tradiciones, los populares, las obras de artistas, escritores y científicos, y muchas otras manifestaciones del quehacer humano “con carácter formativo de la identidad individual y social o nacional”.

Los Poderes Públicos del Estado de Jalisco no están exentos de esta responsabilidad:

  • Esta nueva antropología constitucional determina de un modo completamente distinto la posición de las personas frente a las autoridades estatales.

  • Esta nueva antropología constitucional obliga a los Poderes Públicos de Jalisco a tomar las medidas legislativas, administrativas y financieras para proteger y fomentar en igualdad de circunstancias para todos los ciudadanos, el pleno ejercicio de sus derechos culturales.

Apenas el 29 de septiembre de 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el derecho a la cultura es un derecho polifacético que considera tres vertientes:

  • Un derecho que tutela el acceso a los bienes y servicios culturales.

  • Un derecho que protege el uso y disfrute de los mismos.

  • Un derecho que protege la producción intelectual, por lo que es un derecho universal, indivisible e interdependiente.

Lo anterior toma aún más relevancia, al coincidir el máximo tribunal constitucional con los criterios adoptados el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes consideran desde hace tiempo la idea de que:

[...]la realización del derecho a participar en la vida cultural requiere, entre otras cosas, la presencia de bienes y servicios culturales que todas las personas puedan aprovechar, como bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y estadios deportivos; la literatura y las artes en todas sus manifestaciones. De esta manera, esas fuentes son consistentes en entender que del derecho a la cultura se desprende un derecho prestacional a tener acceso a bienes y servicios culturales.

Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su capítulo III sobre los Derechos Humanos y sus Garantías, concibe en su artículo 4º entre otros derechos, que: “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

En este marco legal amplio, toda persona tiene derecho a la cultura, lo que significa que tiene derecho:

  • A participar libremente en la vida cultural de la comunidad.

  • A preservar y desarrollar su identidad.

  • A acceder y participar en cualquier manifestación artística y cultural.

  • A elegir pertenecer a una comunidad cultural.

  • Al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, conocer, preservar, fomentar y desarrollar su patrimonio cultural.

  • Así como al ejercicio de sus derechos culturales en condiciones de igualdad.

Es así que se promoverá un alineamiento jurídico que haga valer totalmente el cumplimiento del Derecho Humano a la Cultura, para todas y todos. Esta Ley se debe hacer cumplir, como símbolo jurídico de la Refundación de Jalisco.

Por lo tanto, es necesario que las instituciones culturales vayan más allá de su condición de programadoras y administradoras burocráticas, que den un paso hacia adelante, hacia un modelo de desarrollo mucho más amplio. Hoy, desde el planteamiento de la refundación de Jalisco, será prioritario impulsar proyectos que detonen círculos virtuosos entre lo artístico, lo económico y con un alto rendimiento social. Esto implica una transformación del modelo de gestión cultural institucional.

Dicho de otra forma, si la cultura refleja las transformaciones constantes de su sociedad, las instituciones culturales se ven obligadas a restaurar sus estructuras para responder a dichos cambios en beneficio de la ciudadanía. Descentralizar la oferta cultural, equilibrar la distribución de programas y recursos (por área de inversión, por tipo de beneficiarios, por regiones del Estado, etc.), ser transparentes y rendir cuentas, incorporar nuevos modelos de comunicación, incluir nuevos perfiles que acompañen la profesionalización técnica por áreas de especialidad y ser flexibles a nuevos esquemas de financiamiento son necesarios no sólo para ponernos al día frente a otros estados dentro y fuera de México, sino también para comenzar a generar resultados reales a corto y mediano plazo.

Con base en un análisis donde se identificaron necesidades y oportunidades, se llegó a la conclusión de que el andamiaje institucional no es capaz de responder a las necesidades de los sectores creativo, artístico, cultural, social, institucional, académico y empresarial en conjunto. De esta manera, urge evaluar las competencias y atribuciones de las autoridades en materia de cultura para establecer por qué en los últimos veinte años no se ha generado un ecosistema incluyente que esté incrustado en una política pública cultural que no sólo integre a las artes y al patrimonio, sino también al reconocimiento de sus pueblos indígenas, las culturas populares arraigadas, las culturas populares contemporáneas, el desarrollo comunitario, la divulgación del conocimiento científico, el arte contemporáneo desde todas sus disciplinas, el uso y aplicación de tecnologías digitales en el ámbito de la cultura, la gastronomía y el fomento de prácticas performáticas como el circo y la ópera.

Es necesario encontrar formas legales para que la entidad estatal responsable de la cultura en el estado pueda ser más flexible y capitalice el esfuerzo de todo el sector involucrado, sin que esto implique degradarla, sin que perjudique los importantes avances que se han obtenido en las últimas décadas.

Entre los asuntos apremiantes a resolver se detecta la incapacidad de los recintos culturales (teatros y museos) de generar recursos propios, es incongruente que se promueva una política pública de industrias creativas cuando desde la propia institución no se propicia un ejercicio que beneficie a todos los perfiles que le dan forma a la cadena de valor involucrada en estos espacios, como lo son: productores, promotores, músicos, actores, escenógrafos, tramoyeros, ingenieros de sonido, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, mercadólogos, boleteros, acomodadores y un largo etcétera.

También se detectaron asuntos pendientes al interior de los grupos artísticos oficiales, embajadores de la cultura de la entidad al mundo, como son la Orquesta Filarmónica de Jalisco y el Coro del Estado. Más allá de las polémicas laborales acontecidas en los últimos años, resalta la falta de una estrategia sostenible que le dé certeza al futuro inmediato de estas agrupaciones, como la actualización de sus reglamentos o una estrategia permanente de vinculación y/o formación de jóvenes músicos que haga dinámica su alineación, dando prioridad a los músicos y compositores mexicanos.

Mención aparte merecen los procesos administrativos. Se ha agudizado la tramitología lenta y poco transparente, hay personal desaprovechado o incapaz en áreas especializadas y la selección de talentos artísticos para dar forma a la actividad cultural del estado se basa en criterios administrativos cuando se requieren discernimientos estéticos. Esta lógica de trabajo se generó debido a que la política cultural de los últimos doce años no se sustentó cabalmente en un propósito rector, perdió el rumbo.

Aunado a lo anterior es impostergable que el Estado trabaje en total apego a la Declaración sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO, adoptada por México y el resto de los Estados miembros, la cual señala en su artículo 8:

Ante los cambios económicos y tecnológicos actuales, que abren vastas perspectivas para la creación y la innovación, se debe prestar particular atención a la diversidad de la oferta creativa, al justo reconocimiento de los derechos de los autores y de los artistas, así como al carácter específico de los bienes y servicios culturales que, por ser portadores de identidad, de valores y sentido, no deben ser considerados mercancías o bienes de consumo como los demás.

Dentro de la refundación de Jalisco sería impensable no realizar las reformas necesarias a la Constitución Política del Estado de Jalisco con el fin de incluir de forma expresa un apartado que consagre y enumere los Derechos Culturales, elevando así su rango jerárquico para convertirlos en prioridad de Estado.

En conclusión, se requiere de una profunda reforma de propósitos y de modos de hacer, una nueva manera de entender el papel del Estado en la vida cultural y en la propia política cultural. Pero sobre todo entender el desarrollo cultural y la ampliación de consumos culturales como una prioridad vinculada a la vida cotidiana de todos los habitantes del estado.

Para lograrlo se propone descentralizar a la entidad responsable de cultura de la administración estatal a través de la figura legal que mejor convenga a sus intereses (OPD, órgano constitucional autónomo) con el objetivo de restarle burocracia y dotarla de capacidades que le permitan trabajar en un margen más autónomo y cercano a la realidad del sector cultural tanto público y privado. Que a través de esta figura el Estado le dé prioridad al talento y la creatividad por sobre los criterios administrativos con total transparencia, que sea capaz de generar ingresos que se reinviertan en la propia vida cultural de la entidad en beneficio de las personas y de la propia infraestructura cultural de la entidad, que se aproveche el personal capacitado, capaz de colaborar con nuevos perfiles especializados del sector cultural sin miedos o pretextos, que le permitan hacer alianzas nacionales e internacionales sostenibles y no sólo por cumplir con necesidades inmediatas o de carácter político, en general que trabaje en lo que realmente le compete.

 

¿Por qué hacerlo?

  • La operatividad de la política cultural impide el desarrollo de nuevos talentos artísticos y deteriora a los que ya están reconocidos.

  • Son pocos los beneficiados y en su mayoría se encuentran en el AMG.

  • Persisten las políticas culturales pobres en el tema de inclusión.

  • No hay suficiente interacción entre las instituciones educativas y culturales.

  • Persisten las improvisaciones administrativas que limitan la prontitud de pagos a quienes ofrecen servicios para el desarrollo de las actividades culturales.

 

¿Qué beneficios tendría en la comunidad?

  • Descongestionar y agilizar los procesos, tanto en la operatividad como en la fluidez de los recursos financieros.

  • Se podrán establecer políticas públicas colegiadas en su programa operativo.

  • Tendrá autonomía financiera y autonomía en sus decisiones.

  • Podrá destinar recursos a estrategias de comunicación, difusión y marketing cultural acorde a las necesidades del mercado actual.

  • Se le otorgará personalidad jurídica y patrimonio propio.

  • Continuará con sede propia, órganos de dirección administrativa y representación, personalidad jurídica y estructura administrativa interna.

  • Sus cuentas (aplicación de recursos) serán revisadas por la Contraloría Estatal y, en ciertos casos, por la Federal. Esto abonará a sus procesos de transparencia y rendición de cuentas, además le permitirá adelgazar su aparato burocrático.

 

¿Cómo?

  • A través de una iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado al Congreso para su aprobación.

  • Se realizarán ajustes a diversos ordenamientos en materia cultural, como la Ley de Fomento a la Cultura y su reglamento, o la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y su reglamento.

  • Tendría su ley orgánica con disposiciones generales e integración de un consejo directivo, aunque menos numeroso para agilizar acuerdos.

 

En conclusión

Una figura flexible permitirá definir políticas públicas colegiadas para actuar con autonomía y aplicación de recursos con mayor transparencia y rapidez. Un cambio radical en los cómos nos permitirá que la política cultural de Estado llegue más rápido a la ciudadanía.