Tema: Anticorrupción
1 de Mayo 2018
Propuesta:

3.- Servicio civil de carrera

Otro componente imprescindible para tener éxito en el control de la corrupción es el Servicio Civil de Carrera.

Propuesta a detalle

El objetivo fundamental es realizar un nuevo pacto y compromiso de los servidores públicos con la sociedad, donde los funcionarios se comprometen a un desempeño honesto y efectivo cuidando el interés público a cambio de seguridad en el empleo y condiciones de desarrollo profesional.

La realidad en Jalisco es que la incorporación en 2001 del Servicio Civil de Carrera se ha quedado corta. Por esto, presentaremos una nueva iniciativa de ley para la creación del Servicio Civil del Estado de Jalisco que tendrá las siguientes características esenciales:

  1. Principios básicos: en términos de principios rectores de un sistema de servicio civil de carrera, es indispensable que además de la legalidad, honradez, igualdad, respeto a los derechos humanos, se agregan la eficacia y eficiencia, el profesionalismo, innovación, probidad, transparencia y búsqueda del bien público. Especial lugar deben tener el mérito como criterio de ingreso y ascenso, la estabilidad en el empleo y un gobierno de resultados, pues todo lo anterior conlleva a elevar la capacidad  y el impacto social del gobierno.

  1. Rango de acción y alcances: todo proyecto político requiere de un cuerpo técnico que lo haga realidad. Un servicio civil profesionalizado reconoce el carácter político de los niveles directivos más altos de la estructura gubernamental, pero existe para que los puestos técnicos se ocupen por quienes tienen el mérito, quienes demuestren estar técnicamente preparados. La nueva Ley del Servicio Civil de Jalisco que propondremos limitará al 30% el número de plazas que pueden ser asignadas por el titular de una dependencia, quedando el restante 70% sujeto a los lineamientos de selección y promoción con base en el mérito. Este porcentaje abarca y se aplica en todos los niveles de una dependencia, incluyendo las direcciones de área.

  1. Mecanismos de control de ingreso: el mérito debe ser el principal factor de ingreso y promoción en el gobierno, y el mecanismo para conseguirlo debe ser la aprobación de un sistema de concurso-curso como instrumentos de selección del personal. Estos concursos deberán ser abiertos y regirse bajo esquemas de imparcialidad (con fases de jurado doble ciego, donde el aspirante no conoce quién es el jurado ni el jurado quién es el aspirante), igualdad de oportunidades y no discriminación. Además del concurso-examen, los candidatos seleccionados deberán aprobar un curso o serie de cursos que garanticen que los aspirantes a ser funcionarios cuenten con las competencias que sus puestos exigen.

  1. Creación de la Escuela de Administración Pública de Jalisco: se creará la Escuela de Administración Pública del Estado de Jalisco , un ente cuya función y misión será dotar a los aspirantes a funcionarios públicos de las competencias y capacidades para atender con éxitos los problemas públicos del estado. Contará con un modelo educativo que combine la teoría con la práctica. Para ser parte del cuerpo docente de la escuela se deberá contar con una vasta experiencia en la administración pública y una sólida formación académica. A los cursos de la Escuela sólo podrán acceder funcionarios en activo y aspirantes a funcionarios que aprobaron los exámenes respectivos. La escuela convocará únicamente al número de aspirantes que la administración requiera, sea por la creación de nuevos puestos o para suplir las vacantes.

  1. Existencia de cuerpos: la nueva Ley del Servicio Civil establecerá la estructuración de cuerpos de funcionarios, los cuales estarán integrados  por funcionarios con perfil y funciones y tareas similares. Tales cuerpos pueden limitarse a una sola entidad o dependencia (cuerpos específicos) o extenderse por diversas instancias (cuerpos transversales), según lo requieran las competencias demandadas en las áreas de acción de la administración. Dentro del Servicio Civil el funcionario obtendrá un grado o nivel que le permitirá acceder a los puestos correspondientes.

  1. Institucionalización: Es necesario que una tarea como la implementación de este sistema se asigne a una instancia o un grupo de instancias con gran capacidad operativa dentro de la administración pública.

  1. Implementación gradual: asumida con compromiso y seriedad, la implementación de un servicio civil de carrera profesional y eficiente es una tarea sumamente demandante que debe darse de manera gradual. Es importante señalar plazos: para comenzar, la redacción y presentación del documento de iniciativa de Ley a someterse al Congreso del Estado deberá formar parte de las prioridades de los primeros 30 días de gobierno. Una vez aprobada se iniciarán los arreglos institucionales en un plazo no mayor a 60 días. En el mismo plazo deberá aprobarse un calendario para la implementación del resto de las adecuaciones que demande el sistema cuyo cumplimiento será monitoreado por el Sistema Estatal Anticorrupción.

  1. La necesidad de contar con un Servicio Civil efectivo en los otros poderes: Según los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2017) elaborada por el INEGI, los poderes legislativo y judicial tampoco gozan de la confianza de los ciudadanos de Jalisco; el legislativo alcanza tan sólo el 24.7% de confianza y el judicial tiene el 35.6% . Nada que celebrar.

    1. El Poder Legislativo

      1. Es necesario que cuente con personal permanente y especializado en las diferentes áreas que atienden las funciones del proceso legislativo, así como en las comisiones de dictamen que abordan temas de alta especialidad. No es posible que cada tres años se tenga que reconfigurar la mayoría de la estructura de los cargos del Congreso del Estado en función del peso de las fuerzas que ahí están representadas.

    2. El Poder Judicial

      1. Para el caso de este poder, la baja confianza ciudadana se debe en buena medida a la carencia de prontitud para la solución de las controversias presentadas, la falta de objetividad e imparcialidad en sus actuaciones, así como en la percepción de cierta dependencia de magistrados y jueces hacia el Poder Ejecutivo y otros factores reales de poder. Algunos de los cambios necesarios para combatir la corrupción desde el seno del Poder Judicial consiste en establecer nuevos mecanismos de selección y designación de magistrados y jueces, para asegurar la idoneidad de los perfiles; deben contar con el conocimiento técnico y experiencia jurisdiccional, pero sobre todo, se deben privilegiar valores como la honestidad y la fama pública.

      2. También se debe implementar un nuevo mecanismo de selección y designación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de los integrantes del Consejo de la Judicatura con vías de participación ciudadana similares a las que operan en el Sistema Estatal Anticorrupción, con la participación abierta de universidades, barras de abogados y organismos de la sociedad civil en su designación.

      3. Para la selección y designación de jueces se configurará una efectiva carrera judicial, para que sea a través de los méritos y de la eficacia en el desempeño de sus funciones, conocimiento y capacidad técnica, como los aspirantes puedan acceder a tales cargos.

      4. La carrera del servicio judicial establecerá los mecanismos para capacitar y evaluar de forma constante a los integrantes del Poder Judicial, buscando que las plazas vacantes o de nueva creación, sean ocupadas por jueces capaces y honestos.

Es prioritario que la actuación que la actuación de los integrantes del Poder Judicial deba estar expuesta al escrutinio público, de ahí que se establecerán medios que prioricen al máximo la transparencia y la apertura para una rendición de cuentas efectiva, incluyendo la posibilidad de hacer públicos los resultados de las evaluaciones para el ingreso, la permanencia y la promoción dentro de la carrera judicial.

La apertura y transparencia podría extenderse a otros campos de la práctica jurídica tales como el Notariado: una función que debe ser garante de la seguridad jurídica no puede otorgar con base en evaluaciones que no se hacen públicas. La transparencia debe ser el común denominador de estas instituciones.

En síntesis: la regla para acceder a un cargo público o a una notable función pública (que no sea de elección popular) debe quedar muy clara para los tres poderes y para todos los órganos de gobierno: se debe de llegar a estas responsabilidades sólo por los méritos y deben de permanecer sólo los mejores, con buenas condiciones laborales y salariales, con posibilidades reales de promoción.